Efectos Legales y Fiscales de la Doble Nacionalidad

Por Octavio Lara Hernández, Socio Director

Armando Aguirre y Omar Perez, Asociados

La doble nacionalidad, es el estatus jurídico que disfrutan ciertos individuos al ser reconocidos como nacionales simultáneamente por dos o más (nacionalidad múltiple) Estados.

 

Doble nacionalidad significa que un individuo es nacional (o ciudadano) de dos países al mismo tiempo; sin embargo, cada país tiene sus propias leyes con respecto a la doble nacionalidad. Algunos países la permiten y otros no, mientras que algunos países no tienen leyes particulares sobre dicho concepto. La doble nacionalidad no es algo que pueda ser solicitada, es un proceso que ocurre cuando una persona se convierte en nacional de otro país, además de su país de nacimiento (con algunas excepciones). En muchos casos, la doble nacionalidad se produce de forma automática para algunos individuos.

 

La decisión de una persona de tener doble nacionalidad atiende en la mayoría de los casos (por no decir que en todos), a cuestiones de ámbito social, cultural, familiar, laboral, entre otros, sin que necesariamente se tenga en cuenta que dicho estatus puede conllevar consecuencias fiscales en ocasiones inadvertidas e indeseadas.

 

A través del presente artículo se pretende dar una visión general de los problemas que pueden presentarse en materia fiscal tratándose de individuos con doble nacionalidad de países que tienen base de renta mundial, particularmente  nos enfocaremos a situaciones que se originan en la relación de  México y los Estados Unidos de América, no porque sea la única en donde se puede crear, sino porque sigue siendo la más importante que tiene nuestro país a nivel comercial y migratorio.

 

Antecedentes

 

A fin de contar con un marco jurídico que sirva de base para comprender el concepto de nacionalidad y, por ende, el de doble nacionalidad que se puede presentar entre México y los Estados Unidos de América, resulta importante señalar sus antecedentes legales en cada país.

 

En primer término es importante señalar que en ambos países se encontraba prohibida de manera expresa la doble nacionalidad, siendo hasta los años de 1868 en los Estados Unidos y de 1998 en el caso de México, que es permitido, aunque no de manera expresa, dicho estatus.

 

El marco legal que rige el concepto de nacionalidad dentro del orden jurídico mexicano lo encontramos en los artículos 30 y 32 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, su ley reglamentaria, la Ley de Nacionalidad y por último, en el Reglamento de dicha Ley.

 

La Ley de Nacionalidad tiene su antecedente en la Ley de Nacionalidad y Naturalización promulgada el 19 de enero de 1934 y publicada al día siguiente en el Diario Oficial de la Federación (DOF); posteriormente, el 21 de junio de 1993 fue publicada en el DOF la Ley de Nacionalidad, abrogando la ley de 1934 y,  finalmente, el 20 de marzo de 1998 entró en vigor la ley que al día de hoy se encuentra vigente, misma que tuvo su última reforma en el año 2005.

 

En el caso de los Estados Unidos de América es necesario mencionar la Enmienda XIV de la Constitución de los Estados Unidos de América, ratificada el 9 de julio de 1868, así como las Leyes de Inmigración de 1917 y 1924.

 

Por otra parte, en 1952 es creada la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA por sus siglas en inglés), la cual también se conoce como Ley McCarran-Walter, nombre dado por los legisladores que la promovieron así como la INA de 1965, conocida como la Ley Hart-Cellar. Finalmente, en 1990 se crea la Ley de Inmigración (IMMACT).

 

Es importante indicar que la normatividad estadounidense a este respecto ha tenido muchos cambios debido a los sucesos ocurridos en 2001, pero sin alguna modificación significativa al concepto de nacionalidad y, subsecuentemente, a la “Doble Nacionalidad”.

 

Marco jurídico vigente

 

A continuación analizaremos la norma vigente respecto de la nacionalidad en cada país.

 

  1. México

 

El artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) indica que “La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización.” Contemplando, para cada caso, distintos supuestos.

 

Tratándose de la nacionalidad por nacimiento el citado artículo constitucional prevé cuatro hipótesis: I. Los que nazcan en el territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres; II. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional, o de madre mexicana nacida en territorio nacional; III. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre mexicano por naturalización, o de madre mexicana por naturalización y; IV. Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes.

 

Por lo que se refiere a la nacionalidad por naturalización, dicho precepto establece dos supuestos: I. Los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones carta de naturalización y; II. La mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o con mujer mexicanos, que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y cumplan con los demás requisitos que al efecto señale la ley.

 

De esta primera norma podemos advertir que nuestra Constitución contempla el concepto nacionalidad como tal, situación diversa a lo que ocurre en la legislación norteamericana como veremos más adelante.

 

Adicionalmente, el artículo 32 constitucional, en su primer párrafo señala: “La ley regulará el ejercicio de los derechos que la legislación mexicana otorga a los mexicanos que posean otra nacionalidad y establecerá normas para evitar conflictos por doble nacionalidad.”

 

Finalmente, el artículo 37 de nuestra Carta Magna establece la garantía de no perder la nacionalidad, sólo para los mexicanos por nacimiento (Apartado A), pero deja a los mexicanos por naturalización la posibilidad de perder la nacionalidad en los supuestos que previene (Apartado B).

 

Por su parte, la Ley de Nacionalidad, reglamentaria de los artículos 30, 32 y 37, apartados A y B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en vigor a partir del 20 de marzo de 1998, contempla la doble nacionalidad sin que exista mención expresa, salvo la limitación establecida en el artículo 32 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se refiere al ejercicio de los cargos y funciones para los cuales se requiera ser mexicano por nacimiento.

 

Finalmente, es importante mencionar que los extranjeros aspirantes a ser mexicanos por naturalización deben de renunciar expresamente a la nacionalidad que les sea atribuida, esto es exigible por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México hasta que se haya tomado la decisión de otorgar la nacionalidad mexicana al solicitante.

 

 

  1. Estados Unidos de América

 

El término de nacionalidad dentro del marco jurídico de los Estados unidos de América se encuentra ligado o está directamente relacionado con el concepto de ciudadanía, esto es, a la calidad de ciudadano estadounidense. De esta manera, en dicho país se es nacional si se es ciudadano (también si por alguna circunstancia se debe lealtad permanente a los Estados Unidos).

 

La enmienda XIV, Sección 1 de la Constitución de los Estados Unidos de América (CEUA) establece: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción serán ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado donde residieren.”

 

Por su parte, la Sección 101(a)(22) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad prevé: “El término “nacional de los Estados Unidos” significa (A) un ciudadano de los Estados Unidos o (B) una persona que aunque no sea un ciudadano de los Estados Unidos, debe lealtad permanente a los Estados Unidos.”

 

De esta manera, en el caso de los Estados Unidos de América ocurre algo similar al caso mexicano, pues la legislación norteamericana también permite, aunque no de manera expresa, la doble nacionalidad.

 

La diferencia más significativa en comparación con la limitaciones impuestas por la legislación mexicana es que la doble nacionalidad, en el supuesto en el cual una de ellas es norteamericana, se puede perder al solicitar la nacionalidad extranjera de manera voluntaria, por elección libre y con la intención de renunciar a la ciudadanía de Estados Unidos, dicha intención puede ser demostrada por la conducta o las declaraciones de la persona. Asimismo cuando a una persona extranjera se le concede la ciudadanía norteamericana ésta debe de realizar el juramento de lealtad y fidelidad, renunciando a las debidas al país de procedencia.  

 

En estos términos, tanto la legislación de México como la de los Estados Unidos reconocen que existe la doble nacionalidad, sin embargo dicha situación, como veremos a continuación pudiera causar diversos inconvenientes, de los cuales no todos los sujetos están conscientes pues todo individuo con doble nacionalidad debe lealtad a ambos Estados y está obligado a obedecer las leyes de ambos países. Adicionalmente, cualquiera de los países de que se trate tiene el derecho de hacer cumplir sus leyes.

 

Efectos fiscales de la doble nacionalidad

 

Una vez establecidos los criterios que siguen los dos países en análisis respecto de la forma de ser considerado nacional o en su caso el proceso de adquirir la nacionalidad, pasemos a un concepto que, si bien distinto al de nacionalidad, se encuentra íntimamente relacionado a éste en el ámbito impositivo y, por ende, en algunas circunstancias causa en un ciudadano promedio confusiones que tienen por consecuencia efectos fiscales en ocasiones no deseados.

 

En materia fiscal, la legislación de los dos países funda su jurisdicción tributaria, particularmente tratándose de los impuestos sobre la renta, en diversos conceptos, fundamentalmente residencia, ciudadanía y nacionalidad. Así, mientras algunas naciones gravan los ingresos de sus nacionales, esto es, por el sólo hecho de haber nacido en su territorio, otros consideran que deben de cumplir con el requisito de ser ciudadanos del país de que se trate y, para algunos otros, bastará ser residente del mismo, para lo cual, en la mayoría de los casos ello dependerá del lugar donde la persona tenga una residencia permanente o desarrolle fundamentalmente las actividades por las cuales obtiene la mayor parte de sus ingresos.

 

En el caso de México, la Ley del Impuesto sobre la Renta se rige de acuerdo a si se es residente o no para efectos fiscales, mientras que tratándose de la legislación norteamericana la obligación de pago de impuesto sobre la renta se encuentra regido de acuerdo a si se es ciudadano americano o no, sin que por ello, en este último caso el concepto de residencia no sea relevante, puesto que los extranjeros residentes en Estados Unidos, de acuerdo a lo establecido por la legislación interna de dicho país, son gravados de la misma manera que un ciudadano de dicha nación, mientras que los extranjeros no residentes son gravados de acuerdo con reglas especiales contenidas en ciertas partes del Código de Rentas Internas.

 

En este sentido, resulta relevante establecer lo que la legislación interna de dichos países prevé en ambos casos.

 

Residencia

 

En México encontramos que el el Código fiscal de la Federación prevé que una persona física será residente en México si ha establecido su casa habitación en este país y si tiene casa habitación en otro país, deberá considerarse en donde tiene su centro de intereses vitales, para lo cual deberá determinarse dónde obtiene la mayor parte de sus ingresos o bien, dónde tiene el centro principal de sus actividades profesionales. De concluirse que es residente en México, de conformidad con lo antes señalado, dicho individuo estará obligado al pago del impuesto sobre la renta por todos sus ingresos, independientemente del país  dónde los obtenga (base mundial).

 

 

En el caso de los Estados Unidos, en principio, un ciudadano de dicho país se encuentra obligado al pago del impuesto sobre la renta por todos los ingresos que obtenga, independientemente del lugar de donde los reciba. Para estos efectos, en términos generales, se es ciudadano estadounidense ya sea por nacimiento o por naturalización.

 

Ahora bien, para efectos fiscales, si un individuo no es ciudadano de los Estados Unidos resulta necesario determinar si se es un extranjero residente o un extranjero no residente. Así si un individuo es un extranjero (no un ciudadano de los Estados Unidos), será considerado no residente a menos que cumpla uno de las dos pruebas de residencia previstos por la ley para tal efecto o bien opta por ser considerado extranjero residente para fines fiscales.

 

De esta manera, en principio, los no residentes pagan impuestos sólo sobre los ingresos obtenidos de fuente de riqueza ubicada en los Estados Unidos, estará sujeto a tarifas especiales, y puede acogerse a las excepciones y beneficios de los tratados internacionales celebrados por dicho país para evitar la doble tributación.

 

Por su parte, un residente para efectos fiscales de los Estados Unidos, estará bajo las mismas reglas que un ciudadano norteamericano, lo cual significa que pagará impuesto sobre todos sus ingresos, independientemente del lugar donde procedan.

 

En términos de lo antes expuesto, podemos concluir del contenido de la legislación doméstica de ambos países, que la misma establece la base de tributación mundial, lo que en términos llanos significa que el contribuyente una vez que se convierte en residente de uno de los dos  países deberá de acumular y declara el total de los ingresos que haya percibido en cualquier parte del mundo, mientras que en tanto no sea residente para efectos fiscales de cualquier de las dos naciones, únicamente estaría obligado a pagar impuestos por lo que respecta a los ingresos que obtuviera de fuente de riqueza ubicado en el país de que se trate.

 

Problemática

 

Como fue señalado con anterioridad, el contar con doble nacionalidad puede darse de manera automática, esto es, sin que la persona hubiere optado voluntariamente por ello, o bien, como fue señalado al inicio del presente artículo, con motivo de la elección que de ello realice una persona (bajo ciertas condiciones); dicha elección, en muchas ocasiones (si no es que en todas), atiende a cuestiones de índole social, cultural, familiar, laboral, entre otros, sin considerar las consecuencias fiscales que pudiera aparejar.

 

Para ilustrar el primero de los casos (doble nacionalidad de manera automática), pensemos en una persona nacida en los Estados Unidos, de padres mexicanos por nacimiento. Dicha persona automáticamente y de manera completamente ajena a su voluntad, adquirió la doble nacionalidad; la norteamericana por haber nacido en territorio estadounidense (Enmienda XIV, Sección 1 de la CEUA) y la mexicana por haber nacido en el extranjero y ser hijo/a de padres mexicanos nacidos en territorio nacional (fracción II del artículo 30 de la CPEUM).

 

En el segundo de los supuestos (doble nacionalidad por elección personal), pensemos en un(a) mexicano(a) por nacimiento, que ha residido en México siempre, dicha persona es hijo(a) de padres estadounidenses. En estas condiciones, y cumpliendo con determinados requisitos contenidos en la Ley de Inmigración y Naturalización, dicha persona puede obtener la nacionalidad norteamericana por naturalización y así contar por elección propia con la doble nacionalidad, la mexicana por nacimiento y la norteamericana por naturalización.

 

De esta forma, ante la posibilidad legal de contar con doble nacionalidad, tanto en México como en los Estados Unidos de América, y con la finalidad de contar con ciertos derechos, ventajas, beneficios o privilegios, ya sea, entre otros, familiares, legales, laborales, migratorios o simplemente buscando tener lazos con determinado país, las personas adquieren (de manera automática o voluntaria) la doble nacionalidad.

 

No obstante lo anterior, en muy pocas ocasiones se tiene en cuenta las consecuencias fiscales de tener doble nacionalidad. Como se ha señalado, todo individuo con doble nacionalidad debe lealtad a ambos Estados y está obligado a obedecer las leyes de ambos países. Adicionalmente, cualquiera de los países de que se trate tiene el derecho de hacer cumplir sus leyes.

 

De esta manera pudieran darse casos en los que un sujeto con doble nacionalidad, habiéndola adquirido de manera automática o voluntariamente adquiera obligaciones tributaria en ambos países sin tener conocimiento de ello, tales como la de presentar declaraciones de impuestos, avisos a las autoridades fiscales de ambos países, y más aún, el de declarar y/o pagar impuestos por el total de sus ingresos.

 

Así, aquella persona de nuestro primer ejemplo que adquirió automáticamente la doble nacionalidad por haber nacido en los Estados Unidos y ser de padres mexicanos por nacimiento bien pudo residir toda su vida en México y llegar a edad adulta sin haber vuelto a pisar territorio norteamericano; sin embargo, por el simple hecho de tener doble nacionalidad se encuentra sujeto a las leyes de ambos países. Dicha persona se encontraría gravada en los dos países por todos sus ingresos, independientemente del lugar donde los obtuviera (base mundial de rentas); en México, por ser residente para efectos fiscales de acuerdo al artículo 9 del Código Fiscal de la Federación transcrito con anterioridad y, en los Estados Unidos por ser ciudadano norteamericano al haber nacido en dicho país.

 

Tal situación podría llegar incluso al extremo de haber obtenido un ingreso exento en México y, por tener la doble nacionalidad, estar obligado a pagar impuestos por dicho ingreso en los Estados Unidos.

 

Igualmente, muchos mexicanos no prevén que cuando adquieren la famosa “green card”, se convierten en residentes de los Estados Unidos para efectos fiscales, lo cual implica que deberán de presentar declaración anual en los Estados Unidos reportando el monto total de sus ingresos percibidos en el año en cualquier parte del mundo incluido México, su país de residencia.

 

Ejemplos como los anteriores por su frecuencia han sido objeto de estudio por organismos y organizaciones internacionales como la OCDE, llegando en la mayoría de los casos a conclusiones casuísticas, que atienen a los hechos concretos de cada caso, sin que exista una generalidad.

 

Es importante comentar que la problemática que se plantea, cobra mayor interés y especial relevancia para aquellas personas que en términos del artículo 9 del Código Fiscal de la Federación son residentes para efectos fiscales en México pues el tener nacionalidad mexicana y estadounidense, en la mayoría de los casos, las sujetaría al pago de impuestos sobre todos sus ingresos en ambos países.

 

Lo anterior, en virtud de que, como se ha analizado, en México se es sujeto al pago del impuesto sobre la renta en la medida en que se es residente de conformidad con el artículo antes mencionado, para lo cual básicamente habrá que estar estrechamente vinculado con nuestro país, ya sea por tener casa habitación o por tener el centro de intereses vitales en territorio nacional, mientras que en los Estados Unidos basta ser ciudadano o extranjero residente para ser sujeto al pago de impuestos por todos los ingresos (en adición al resto de las obligaciones tributarias que habría que cumplir), sin la necesidad de vivir o estar en dicho país.

 

Ahora bien, derivado de lo anterior, el Convenio para evitar la doble imposición celebrado entre México y los Estados Unidos en sus artículos 4 y 24 establece mecanismos que pretenden dar seguridad jurídica a los contribuyentes que se encuentren en alguno de estos casos.

 

El primero de dichos artículos establece el concepto de residencia para efectos del tratado, así como reglas de desempate en los casos en que determinado sujeto sea residente de ambos países, y así poder ser considerado residente de uno u otro; el segundo de los preceptos señalados prevé la forma en que los países deberán eliminar la doble imposición, que es, básicamente, permitiendo acreditar en un Estado, el impuesto pagado en el otro.

 

No obstante ello, dado que cada caso presenta situaciones distintas, tanto en su naturaleza como en las circunstancias que lo originan y la manera en que se desarrolla, resulta imposible regularlos de forma general. Es por ello, que incluso el propio Convenio contempla en su artículo 26 un procedimiento amistoso al que puede acudirse cuando una persona considere que las medidas adoptadas por uno o ambos Estados implican o pueden implicar una imposición que no esté conforme con las disposiciones del propio Convenio.

 

De esta manera, deberán analizarse detenidamente las características de cada caso particular a efecto de establecer si por el hecho de que determinado sujeto tenga la doble nacionalidad, de igual manera es residente para efectos fiscales en ambos países y, de ser así, si el ingreso obtenido se encuentra gravado por los dos Estados y, en todo caso, buscar acceder a los beneficios del Convenio para evitar la doble imposición. Por último, de no llegar a una conclusión contundente habiendo utilizado los procedimientos internos previstos en cada país o bien los mecanismos establecidos por el propio Convenio, acudir al procedimiento amistoso  del mismo a fin de que sea una autoridad competente la que arribe a una solución adecuada.

 

En conclusión, si bien la legislación doméstica de México y de los Estados Unidos permite tener la doble nacionalidad, al acceder o dicho estatus debieran tomarse en consideración, no sólo circunstancias sociales, culturales, laborales, migratorias, etc., sino también las implicaciones fiscales que tal situación conlleva pues, como se ha señalado, el contar con la doble nacionalidad lleva implícito el estar sujeto a la legislación de ambos Estados y, por tanto, a las obligaciones contenidas en las leyes tributarias que, en el caso de los países que nos ocupan, prevén la tributación sobre base mundial, esto es, el gravar todos los ingresos de sus residentes (en el caso de México) o ciudadanos y residentes (en el caso de los Estados Unidos), sin importar la fuente de donde provengan.

 

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